Instituciones de la Unión Europea: el Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también llamado "El Tribunal", es el encargado de garantizar que el Derecho comunitario se interprete y aplique del mismo modo en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Cuenta también con poder para resolver los conflictos legales que puedan surgir entre estos Estados, las instituciones de la Unión Europea, o incluso empresas y particulares.

Para hacer frente a la gran cantidad de casos recibidos cada día, el Tribunal se encuentra dividido en dos órganos principales: 

El Tribunal de Justicia: encargado de las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro de la Unión Europea, y de determinados recursos de anulación y apelaciones.

El Tribunal General: cuya competencia es el conocimiento de los recursos de anulación de los particulares y las empresas, y algunos recursos interpuestos por los Estados miembros.

También existe el Tribunal de Función Pública que está especializado en resolver litigios entre la Unión Europea y sus agentes o funcionarios.

Funciones del Tribunal de Justicia.

El Tribunal resuelve los asuntos que se le plantean, entre los que se suelen dar 4 tipos de casos:

1) Cuestiones prejudiciales:

Los responsables de la correcta aplicación del Derecho comunitario en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea son los órganos jurisdiccionales respectivos de cada uno de ellos. En caso de duda sobre la interpretación o validez de alguna de las normas comunitarias, el órgano jurisdicción en cuestión debe acudir al Tribunal de Justicia que emitirá una "cuestión prejudicial" vinculante, sentencia que constituye una vía importante para que los ciudadanos, a través de los órganos jurisdiccionales de su propio país, determinen en que medida les afecta la legislación de la Unión Europea.

2) Procedimiento de infracción:

 La Comisión Europea - o en casos excepcionales algún Estado miembro - inician este proceso si cuentan con razones para creer que un Estado miembro no está cumpliendo con sus obligaciones con respecto al Derecho comunitario. El Tribunal investiga entonces las alegaciones y dicta su sentencia. En caso de que si se haya producido un incumplimiento de las leyes europeas se aplican al Estado infractor medidas correctoras que han de ser aplicadas sin demora si se quiere evitar el ser multado.

3) Procedimiento de anulación:

Si un Estado miembro, el Consejo, la Comisión, o incluso a veces el Parlamento, creen que una norma concreta de la Unión Europea no se ajusta a derecho, pueden pedir al Tribunal que la anule.

Este procedimiento también puede ser utilizado por particulares que se vean afectados directa o de forma desfavorable por una norma comunitaria.

4) Procedimiento de omisión:

El Tratado exige que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tomen decisiones conjuntas y en determinadas circunstancias, si no lo hacen, los Estados miembros, las otras instituciones de la Unión Europea, y en algunas ocasiones incluso particulares o empresas pueden presentar la consiguiente denuncia ante el Tribunal, y esta omisión queda registrada así de forma oficial.

Composición y funcionamiento del Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia está integrado por 28 jueces, uno por cada Estado miembro, con el fin de que todos los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales que existen dentro de la Unión Europea se encuentren representados. Además está asistido por 8 "abogados generales" que presentan dictámenes públicos e imparciales según los casos planteados ante el Tribunal. 

Estos jueces y abogados generales suelen ser antiguos miembros de los máximos órganos jurisdiccionales de sus respectivos países, muy competentes, y con garantías de imparcialidad. Son designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros y su mandato es de 6 años. Los jueces del Tribunal de Justicia eligen además a un presidente por un mandato de 3 años.

Este Tribunal actúa en pleno, en la conocida como gran sala de los 13 jueces, o en salas compuestas de 3 a 5 jueces, dependiendo siempre de la complejidad e importancia del asunto a tratar. Más de la mitad de los casos, casi el 60%, son conocidos por saleas de 5 jueces.

El Tribunal General está compuesto por 27 jueces, designados por los Estados miembros por un mandato de 6 años, que eligen igualmente a un presidente por un mandato de 3 años. Se reúnen normalmente en salas de 3 ó 5 jueces, a veces uno solo, en las que celebran las audiencias.

Todos los casos se presentan en el registro del Tribunal de Justicia y se les asigna un juez y un abogado general. Después de esta presentación se desarrollan dos fases:

En la fase escrita todas las partes implicadas presentan su declaración y el juez redacta un informe en base a ellas y los antecedentes jurídicos del caso. Este informe se debate en la reunión general del Tribunal, en la que se atribuirá el asunto a una formación de ese tribunal y se decidirá si es necesario llevar a cabo la segunda fase o fase oral.

En esta segunda fase, los abogados de cada una de las partes exponen de forma oral sus argumentos ante los jueces y el abogado general, que pueden someterlos a las preguntas o interrogatorios que crean oportunos. Finalizada esta fase el abogado general redacta su dictamen que servirá al juez para elaborar un proyecto de sentencia que los demás jueces examinarán para posteriormente deliberar y dictar sentencia.

Las sentencias del Tribunal se deciden por mayoría y se pronuncian en audiencia pública. En la mayoría de los casos, ese mismo día del pronunciamiento ya se dispone del texto en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, sin entrarse en explicaciones o razonamientos sobre los votos particulares emitidos.

No todos los asuntos del Tribunal siguen este procedimiento ordinario, cuando uno de ellos tiene carácter urgente se lleva a cabo un procedimiento simplificado y acelerado que permite al Tribunal pronunciarse en un plazo de unos 3 meses más o menos.

Resumiendo podríamos decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la institución encargada de la aplicación del Derecho comunitario, emite sentencias en los casos que le son planteados, está formada por jueces de cada uno de los Estados miembros y por abogados generales, y su sede se encuentra en Luxemburgo.